miércoles, 27 de junio de 2012

Tres tendencias, dos opciones electorales


por Remo Cornejo Luque
Coordinadora Izquierda
Se avecina el proceso electoral presidencial, de asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos y se van alineando las fuerzas políticas configurando claras tendencias.
Una tendencia demarcada es la derecha del siglo XXI, la que nos gobierna con concentración de poderes, que viola los derechos humanos, insulta a quienes piensan diferente y judicializa a los luchadores sociales; que no es de “manos limpias” ya que la corrupción inherente del sistema y propiciada por altos funcionarios, como el caso de la narcovalija y los chalecos de motociclistas (solo para citar 2 ejemplos) deteriora su imagen y credibilidad, a tal punto que su inclinación es a la baja; maneja doble discurso dependiendo los escenarios, con matices populistas, demagógicos, de izquierda y soberanos, confunde y traiciona a sus electores en la aspiración del cambio social; que los únicos principios que mueve a Alianza País es la voz y autoridad omnímoda de su jefe con rasgos bonapartista y que en provincias como Loja sus “dirigentes”, muchos, muchísimos, cambiados de camisetas, se sacan los ojos, tal cual cuervos, por ser los candidatos de confianza de la dizque “Revolución Ciudadana (RC)”.
 Otra tendencia es la derecha tradicional, la auténtica partidocracia que está en franco desgaste pero no aniquilada y que por los intereses políticos y económicos de los diversos grupos que se inscriben en esta tendencia no logra unificarse. En este ámbito participan CREO, ARE, EQUIPO, SUMA, PRIAN, PRE, MADERA DE GUERRERO, PSP, entre otros. Muchas de estas fuerzas políticas, pese a “discrepar u oponerse” a la RC, de terciar en este proceso electoral jugarían el simple rol de chimbadores, pues no tienen la perseverancia del accionar político ni una amplia base social y electoral que les permita llegar a ser bloque mayoritario legislativo peor llegar a la segunda vuelta presidencial. Esta tendencia junto a la de la RC, aunque aparezcan en diversas listas electorales, ideológica y políticamente es una opción de DERECHA, es decir, de las clases dominantes y grupos monopólicos usufructuadores de la fuerza de trabajo, los recursos naturales, la riqueza generada y la soberanía diversa.  
 Y la tercera clara es la Coordinadora Plurinacional, por la unidad de las izquierdas[1], tendencia democrática y de izquierda que, hasta ahora, está integrada por 8 partidos y/o movimientos políticos: Pachakutik, Participación, Poder Popular, MPD, Montecristi Vive, Convocatoria, Red y Corriente Socialista. A este proceso se han incorporando organizaciones sociales como la CONAIE, el Frente Popular, diversos sindicatos y demás con carácter representativo y de masas, a nivel nacional y en cada provincia. De avanzar y consolidarse este proceso, tal como viene ocurriendo, con seguridad que sería la opción, única de izquierda, popular y democrática, que derrote y sepulte la prepotencia de la RC y señale el camino para el verdadero cambio social que demanda el Ecuador de hoy.
No nos extrañemos que, en este proceso de definiciones y consolidación de la tendencia democrática y de izquierda, puesto que tiene serias posibilidades de entrar a la segunda vuelta presidencial y de captar un bloque mayoritario en la Asamblea Legislativa, el gobierno, la burguesía y el mismo imperialismo pretendan meter mano para evitar que la IZQUIERDA UNIDA se erija en referente y alternativa de poder popular, y para esto, con seguridad, contará con la participación de muchos “felipillos”[2], pseudos revolucionarios, oportunistas y arribistas con lenguaje de izquierda y revisionistas de toda laya, ante lo cual debemos estar ALERTAS y DISPUESTOS para evitarlo.

PENSAR DIFERENTE NO ES DELITO

video sobre los diez jóvenes detenidos en Quito el
pasado 3 de marzo y se los acuso de atetar a la seguridad del Estado.

Pedimos su colaboración para difundirlo entre sus contactos.

Gracias
EcuadorLibreRed

miércoles, 13 de junio de 2012

Revista Desafíos, 3era edición

Ya esta en circulación la revista Desafíos en nuestra Provincia, solicítala a la Directiva Provincial o escríbenos a nuestro e-mail: mpdgalapagos@gmail.com. o llamar al 091280184. Lic. Javier Morocho, Director Provincial 

miércoles, 6 de junio de 2012

El Espionaje en el Ecuador si existe!


Por Karla Calapaqui Coordinadora Nacional del MPD

El espionaje va de la mano de la criminalización de la protesta en el país.  Muchos gobiernos han metido mano en estas herramientas para fines protervos, el actual al parecer, no es la excepción. El espionaje si existe en el Ecuador.
Principalmente las organizaciones sociales y políticas de izquierda han sido los objetivos del llamado espionaje gubernamental.  Infiltrados descubiertos en reuniones, asambleas de organizaciones sociales; agentes de la policía y militares camuflados en marchas convocadas por organizaciones sociales para fotografiar y grabar a los dirigentes.  ¿Con qué fin?.  Una cosa es recabar información de una actividad pública con protagonistas públicos, pero cuál es el motivo de fotografiarlos? Identificarlos? Acaso tenerlos en una lista como los más buscados?
Lo más destacado, últimamente, se produjo antes durante y después de la Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, en marzo pasado.  
Según informaciones públicas, la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia ejecutó varias operaciones de “inteligencia”, “no solo se infiltró en la marcha indígena..., sino que amplió sus investigaciones a otros objetivos.  Según el reporte, la dependencia hizo 14 solicitudes para el caso denominado Alianza Roja”.  Traducimos que “Alianza Roja” se refiere a MPD-PK y las fuerzas  que constituyen la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas.
De forma ilegal se realizan acciones de espionaje, primero porque en este caso, la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia como su nombre lo indica se constituyó para actividades INTERNAS de la presidencia y no se establecen actividades EXTERNAS.  Los operativos fueron externos, no fue creada para ese fin.
Segundo porque en el transcurso de la marcha los “infiltrados” no tenían la necesidad de ir armados, como ocurrió en el transcurso de la Marcha en el cantón Cañar al sur del país donde se detuvo a dos agentes armados.
  Presumismos q sus intenciones fueron más allá q las labores de ESPIONAJE su actividad fue el de boicotear la marcha, para buscar un pretexto y encarcelar a los principales dirigentes, exhibir “pruebas” para deslegitimarlos, o realizar actos de provocación o incidentes para denigrar la marcha, etc.
Este tipo de prácticas al margen de la Constitución y las leyes lesionan los derechos humanos, que por cierto el gobierno ecuatoriano recibió 69 recomendaciones en el examen periódico anual de la ONU en esta materia. El espionaje por lo general es ilegal, se constituye en un arma política para la persecución.
En esa línea, la expedición del Reglamento para la Implementación del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica SVT-E, pretende legalizar el “espionaje electrónico” restringiendo aún más los derechos establecidos en la Constitución y los Derechos Humanos en el país. Estas agresiones no son nuevas, existen intervenciones electrónicas y telefónicas de varios dirigentes políticos de la izquierda y organizaciones sociales que buscan intimidar a quienes piensan diferente.
Se amparan en el artículo 155 del Código Penal que señala que un Juez puede autorizar por escrito al Fiscal para que intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable en el afán de impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido, etc. Si bien estos procesos se realizan en todo el mundo, las irregularidades por escuchas ilegales, desviación de fines, etc., también se han dado.  La pregunta que cabe es quién controla la Justicia?, se respetará el debido proceso o se utilizaran jueces y fiscales para “legitimar” el espionaje.
Articulación para ahondar la criminalización
La Ley de Seguridad Pública, aprobada en 2009, en esencia está en la línea de la Doctrina de Seguridad Nacional orientada por EEUU, con un gran condimento “revolucionario y de respeto a los derechos humanos”, el agregado a la final se queda solo en el papel. No conforme con esto, están en proceso las reformas a esta ley donde el Ejecutivo insiste en que “las Fuerzas Armadas intervendrán por disposición del Presidente en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público, se haga indispensable su contingente.” Cuál es el criterio de “alteración del orden público”? una marcha, huelgas, movilizaciones, protestas, es decir permite la discrecionalidad para poder aplicarla y criminalizar la lucha social.  Desde ya advertimos que en los actuales momentos sin necesidad de aprobar estas reformas, ésta administración está militarizando las ciudades, desconociendo procedimientos y competencias de las Fuerzas Armadas.
Plan de Seguridad Integral
Se ha elaborado un Plan Nacional de Seguridad Integral que busca abarcar todos los ámbitos, sin dejar nada al azar, este plan de seguridad integral diagnostica varias amenazas: “la conspiración política para desestabilizar y/o derrocar al gobierno legítimo”; la “Violencia Política” que en la parte pertinente ya se anticipa a “cuando grupos políticos o sociales tergiversan el reclamo hacia las autoridades, situación que puede desencadenar una alteración del orden” (Pag. 44 y 52 Plan Seguridad Integral).
El régimen concibe a la seguridad con el control y el mantenimiento del orden público argumento en el que se basan para  legitimar la utilización de la fuerza pública pudiendo inclusive utilizar estados de excepción, ante una “grave conmoción interna” por la acción de grupos sociales o políticos que amenacen la seguridad del Estado. Es ahí donde las Fuerzas Armadas cumplen un eje de acción establecido en este Plan de Seguridad Integral “Participación directa, continua y complementaria en apoyo a la Policía Nacional en Seguridad Interna (… mantenimiento del orden público)”. (Pag. 80 Plan Seguridad Integral). 
Además a través de la ley de Seguridad Pública se crea la Secretaria Nacional de Inteligencia SENAIN, como una política de Estado, pero dentro del contexto de la llamada “Revolución ciudadana”.  Se concibe a la inteligencia desde el gobierno más que para la toma acertada de decisiones estratégicas y Seguridad de la colectividad, para “la garantía de la gobernabilidad y legitimación del régimen”. Es decir buscan consolidar un gobierno en base a la represión, que tiene temor a la reacción social.
Es necesario recordar que la SENAIN la dirige una autoridad civil designada por el Presidente de la Republica, es ahí por donde debe entenderse como está supeditada la inteligencia al servicio del gobierno, una de sus funciones es precisamente el proporcionar inteligencia estratégica al primer mandatario, que digamos, “es práctica común, pero las dudas crecen cuando hasta el momento estas unidades han sido destinadas para fines de persecución política y no para las que fueron creadas.
Según la Agenda de Inteligencia se señala que ya se “produce inteligencia que satisface plenamente los requerimientos de la Presidencia”, este tipo de afirmaciones da mucho que pensar, en base a qué o cuáles son los requerimientos? o cuáles los caprichos del Presidente?
Otro ejemplo: la SENAIN ha establecido ya un subsistema de información del sector público, es sabido que a los servidores públicos se les controla lo que hacen o dejan de hacer, esto no solo ha generado malestar sino un ambiente de miedo, desconfianza y de subordinación a la política gubernamental.
Cooperación internacional
El 31 de marzo de 2011 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación interinstitucional entre el ministerio del Interior y Seguridad Publica de Chile, Rodrigo Hinzpeter y el Ministerio Coordinador de la seguridad, del Interior  para la planificación estratégica y operativa de la reestructuración de la carrera policial, establecimiento de esquemas de trabajo, policía preventiva e investigativa, transferencia de experiencias, etc. Haciendo un breve paréntesis Hinzpeter no se caracteriza, precisamente por el respeto a los derechos humanos, es un político de derecha y partidario de la dictadura de Pinochet. Recientemente este funcionario ha propuesto una Ley “Hinzpeter” que criminaliza aún más al movimiento estudiantil chileno, recibiendo el repudio de los sectores sociales y populares de este país. Este es el tipo cooperación en miras a tener aparatos represivos y obedientes.
Digamos que las políticas chilenas en este ámbito han tenido la suficiente apertura con el gobierno de Correa.  En esa vía el pasado 25 de enero el Ministro del Interior José Serrano anunció que “la transformación de la educación en la Policía Nacional tendrá un giro de 180 grados a partir de marzo”. Ese giro es que Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile se integran a la instrucción, capacitación que tendrán los aspirantes a oficiales y policías del Ecuador. (Nota agencia oficial http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=135101).
En evidencia el doble discurso del primer mandatario Rafael Correa, por debajo, la firma de estos convenios con gobiernos y personajes que se supondría contradicen la política “revolucionaria” que pregona en el Ecuador y en el exterior.
En conclusión, haciendo alusión al slogan gubernamental ESTAENMARCHA un proyecto peligroso que pretende controlarlo todo, para ello están articulando varios estamentos, leyes, organismos, etc. Modernizan y perfeccionan todo el aparato represivo que permita el avance de la “Revolución Ciudadana”. Nos atreveríamos a decir que este proyecto fomenta: “Concentración de poderes del Ejecutivo; Fortalecimiento del aparato militar y policial, desarrollo de una estructura privada de seguridad; criminalización de la protesta; negación de las libertades democráticas, de expresión de pensamiento, etc.;
Se ratifica que en el Ecuador existe el espionaje encaminado a la persecución política, al sabotaje y boicot, amedrentamiento, ante las acciones de los movimientos sociales y políticos opositores al régimen.  Hasta la fecha en su gran mayoría, los esfuerzos de los Ministerios encargados de la Seguridad, de la SENAI, SIN, Unidades especiales, etc., no han podido desarticular y descubrir a los responsable de la Narcovalija, la Narcoavioneta, hechos de corrupción, bandas del narcotráfico, etc, y contrariamente en la cárcel se encuentran 11 jóvenes luchadores sociales, detenidos mediante operativos espectaculares con grupos especiales de la policía y el ejército; la justicia actúa con celeridad cuando se trata de procesados por sabotaje y terrorismo; el aparataje gubernamental se mueve cuando de un opositor político al régimen se trata.