Por Karla Calapaqui Coordinadora Nacional del MPD
El espionaje va de la mano de la criminalización de la protesta en
el país. Muchos gobiernos han
metido mano en estas herramientas para fines protervos, el actual al parecer,
no es la excepción. El espionaje si existe en el Ecuador.
Principalmente las organizaciones sociales y políticas de
izquierda han sido los objetivos del llamado espionaje gubernamental. Infiltrados descubiertos en reuniones,
asambleas de organizaciones sociales; agentes de la policía y militares
camuflados en marchas convocadas por organizaciones sociales para fotografiar y
grabar a los dirigentes. ¿Con
qué fin?. Una cosa es
recabar información de una actividad pública con protagonistas públicos, pero
cuál es el motivo de fotografiarlos? Identificarlos? Acaso tenerlos en una
lista como los más buscados?
Lo más destacado, últimamente, se produjo antes durante y después
de la Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, en
marzo pasado.
Según informaciones públicas, la Unidad de Gestión de Seguridad
Interna de la Presidencia ejecutó varias operaciones de “inteligencia”, “no
solo se infiltró en la marcha indígena..., sino que amplió sus investigaciones
a otros objetivos. Según el
reporte, la dependencia hizo 14 solicitudes para el caso denominado Alianza
Roja”. Traducimos
que “Alianza Roja” se refiere a MPD-PK y las fuerzas que constituyen la Coordinadora
Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas.
De forma ilegal se realizan acciones de espionaje, primero porque
en este caso, la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia
como su nombre lo indica se constituyó para actividades INTERNAS de la
presidencia y no se establecen actividades EXTERNAS. Los operativos fueron externos, no fue
creada para ese fin.
Segundo porque en el transcurso de la marcha los “infiltrados” no
tenían la necesidad de ir armados, como ocurrió en el transcurso de la Marcha
en el cantón Cañar al sur del país donde se detuvo a dos agentes armados.
Presumismos q
sus intenciones fueron más allá q las labores de ESPIONAJE su actividad fue el
de boicotear la marcha, para buscar un pretexto y encarcelar a los principales
dirigentes, exhibir “pruebas” para deslegitimarlos, o realizar actos de
provocación o incidentes para denigrar la marcha, etc.
Este tipo de prácticas al margen de la Constitución y las leyes
lesionan los derechos humanos, que por cierto el gobierno ecuatoriano recibió
69 recomendaciones en el examen periódico anual de la ONU en esta materia. El
espionaje por lo general es ilegal, se constituye en un arma política para la
persecución.
En esa línea, la expedición del Reglamento
para la Implementación del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica SVT-E, pretende legalizar el “espionaje
electrónico” restringiendo aún más los derechos establecidos en la Constitución
y los Derechos Humanos en el país. Estas agresiones no son nuevas, existen
intervenciones electrónicas y telefónicas de varios dirigentes políticos de la
izquierda y organizaciones sociales que buscan intimidar a quienes piensan
diferente.
Se amparan en el artículo 155 del Código Penal que señala que un
Juez puede autorizar por escrito al Fiscal para que intercepte y registre
conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable en
el afán de impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia
de uno ya cometido, etc. Si bien estos procesos se realizan en todo el mundo,
las irregularidades por escuchas ilegales, desviación de fines, etc., también
se han dado. La pregunta que cabe es
quién controla la Justicia?, se respetará el debido proceso o se utilizaran
jueces y fiscales para “legitimar” el espionaje.
Articulación para ahondar la criminalización
La Ley de Seguridad Pública, aprobada en 2009, en esencia está en
la línea de la Doctrina de Seguridad Nacional orientada por EEUU, con un gran
condimento “revolucionario y de respeto a los derechos humanos”, el agregado a
la final se queda solo en el papel. No conforme con esto, están en proceso las
reformas a esta ley donde el Ejecutivo insiste en que “las Fuerzas
Armadas intervendrán por disposición del Presidente en la protección interna,
el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por
circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden
público, se haga indispensable su contingente.” Cuál es el criterio de
“alteración del orden público”? una marcha, huelgas, movilizaciones, protestas,
es decir permite la discrecionalidad para poder aplicarla y criminalizar la
lucha social. Desde ya
advertimos que en los actuales momentos sin necesidad de aprobar estas
reformas, ésta administración está militarizando las ciudades, desconociendo
procedimientos y competencias de las Fuerzas Armadas.
Plan de Seguridad Integral
Se ha elaborado un Plan Nacional de Seguridad Integral que busca
abarcar todos los ámbitos, sin dejar nada al azar, este plan de seguridad
integral diagnostica varias amenazas: “la conspiración política para
desestabilizar y/o derrocar al gobierno legítimo”; la “Violencia Política”
que en la parte pertinente ya se anticipa a “cuando grupos políticos o
sociales tergiversan el reclamo hacia las autoridades, situación que puede desencadenar
una alteración del orden” (Pag. 44 y 52 Plan Seguridad Integral).
El régimen concibe a la seguridad con el control y el
mantenimiento del orden público argumento en el que se basan para legitimar la utilización de la fuerza
pública pudiendo inclusive utilizar estados de excepción, ante una “grave conmoción
interna” por la acción de grupos sociales o políticos que amenacen la seguridad
del Estado. Es ahí donde las Fuerzas Armadas cumplen un eje de acción
establecido en este Plan de Seguridad Integral “Participación directa,
continua y complementaria en apoyo a la Policía Nacional en Seguridad Interna
(… mantenimiento del orden público)”. (Pag. 80 Plan Seguridad Integral).
Además a través de la ley de Seguridad Pública se crea la
Secretaria Nacional de Inteligencia SENAIN, como una política de Estado, pero
dentro del contexto de la llamada “Revolución ciudadana”. Se concibe a la inteligencia desde el
gobierno más que para la toma acertada de decisiones estratégicas y Seguridad
de la colectividad, para “la garantía de la gobernabilidad y legitimación del
régimen”. Es decir buscan consolidar un gobierno en base a la represión, que
tiene temor a la reacción social.
Es necesario recordar que la SENAIN la dirige una autoridad civil
designada por el Presidente de la Republica, es ahí por donde debe entenderse
como está supeditada la inteligencia al servicio del gobierno, una de sus
funciones es precisamente el proporcionar
inteligencia estratégica al primer mandatario, que digamos, “es práctica
común, pero las dudas crecen cuando hasta el momento estas unidades han sido
destinadas para fines de persecución política y no para las que fueron creadas.
Según la Agenda de Inteligencia se señala que ya se “produce
inteligencia que satisface plenamente los requerimientos de la Presidencia”,
este tipo de afirmaciones da mucho que pensar, en base a qué o cuáles son los
requerimientos? o cuáles los caprichos del Presidente?
Otro ejemplo: la SENAIN ha establecido ya un subsistema de
información del sector público, es sabido que a los servidores públicos se les
controla lo que hacen o dejan de hacer, esto no solo ha generado malestar sino
un ambiente de miedo, desconfianza y de subordinación a la política
gubernamental.
Cooperación internacional
El 31 de marzo de 2011 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación
interinstitucional entre el ministerio del Interior y Seguridad Publica de
Chile, Rodrigo Hinzpeter y el Ministerio Coordinador de la seguridad, del
Interior para la
planificación estratégica y operativa de la reestructuración de la carrera
policial, establecimiento de esquemas de trabajo, policía preventiva e investigativa, transferencia de
experiencias, etc. Haciendo un breve paréntesis Hinzpeter no se caracteriza,
precisamente por el respeto a los derechos humanos, es un político de derecha y
partidario de la dictadura de Pinochet. Recientemente este funcionario ha
propuesto una Ley “Hinzpeter” que criminaliza aún más al movimiento estudiantil
chileno, recibiendo el repudio de los sectores sociales y populares de este
país. Este es el tipo cooperación en miras a tener aparatos represivos y
obedientes.
Digamos que las políticas chilenas en este ámbito han tenido la
suficiente apertura con el gobierno de Correa. En esa vía el pasado 25 de enero el
Ministro del Interior José Serrano anunció que “la transformación de la educación
en la Policía Nacional tendrá un giro de 180 grados a partir de marzo”. Ese
giro es que Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile se integran a la
instrucción, capacitación que tendrán los aspirantes a oficiales y policías del
Ecuador. (Nota agencia oficial http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=135101).
En evidencia el doble discurso del primer mandatario Rafael
Correa, por debajo, la firma de estos convenios con gobiernos y personajes que
se supondría contradicen la política “revolucionaria” que pregona en el Ecuador
y en el exterior.
En conclusión, haciendo alusión al slogan gubernamental
ESTAENMARCHA un proyecto peligroso que pretende controlarlo todo, para ello
están articulando varios estamentos, leyes, organismos, etc. Modernizan y
perfeccionan todo el aparato represivo que permita el avance de la “Revolución
Ciudadana”. Nos atreveríamos a decir que este proyecto fomenta: “Concentración
de poderes del Ejecutivo; Fortalecimiento del aparato militar y policial,
desarrollo de una estructura privada de seguridad; criminalización de la
protesta; negación de las libertades democráticas, de expresión de pensamiento,
etc.;
Se ratifica que en el Ecuador existe el espionaje encaminado a la
persecución política, al sabotaje y boicot, amedrentamiento, ante las acciones
de los movimientos sociales y políticos opositores al régimen. Hasta la fecha en su gran mayoría, los
esfuerzos de los Ministerios encargados de la Seguridad, de la SENAI, SIN,
Unidades especiales, etc., no han podido desarticular y descubrir a los
responsable de la Narcovalija, la Narcoavioneta, hechos de corrupción, bandas
del narcotráfico, etc, y contrariamente en la cárcel se encuentran 11 jóvenes
luchadores sociales, detenidos mediante operativos espectaculares con grupos
especiales de la policía y el ejército; la justicia actúa con celeridad cuando
se trata de procesados por sabotaje y terrorismo; el aparataje gubernamental se
mueve cuando de un opositor político al régimen se trata.
