Sábado,
19 de Mayo de 2012
Como una mazorca que crece cada vez más vital, la unidad de las organizaciones y pueblos del Ecuador se afirma y se desarrolla, grano por grano. La Convención Plurinacional de Trabajadores, Pueblos y Movimientos Sociales se cumplió de manera victoriosa.
Nos
convocamos los trabajadores, pueblos y nacionalidades, los movimientos sociales
que hemos luchado históricamente contra el neoliberalismo, contra el
colonialismo, contra el capitalismo y por las transformaciones revolucionarias
en el Ecuador.
Resolvimos
consolidar nuestra unidad por la defensa de los derechos colectivos, en medio
de las movilizaciones que den continuidad a la lucha histórica de los pueblos,
al primer encuentro de pueblos y movimientos sociales, a la marcha por el agua,
la vida y la dignidad de los pueblos.
Nos
declaramos en movilización permanente en defensa de nuestros derechos y
reafirmamos nuestra decisión de enfrentar la próxima lucha electoral de manera
democrática, unificada, clara y con proyección de triunfo, con un solo
candidato de las izquierdas y con nuestro propio programa de gobierno.
Somos
defensores de la Constitución de Montecristi y exigimos la derogatoria de las
leyes, decretos y demás instrumentos legales que atentan contra los derechos de
los y las ecuatorianas, de los trabajadores de la ciudad y el campo, de las
organizaciones populares, de los dirigentes sociales y los intelectuales
democráticos, de las mujeres y de los jóvenes. Nos planteamos recuperar los
derechos democráticos a la libertad de pensamiento y de expresión, que han sido
afectados en este proceso de derechización del régimen, pero además,
desarrollarlo a niveles mucho más altos, en función de construir una nueva
sociedad. Defendemos el derecho al trabajo y a la sindicalización y rechazamos
los miles de despidos orquestados por el gobierno.
Condenamos
la criminalización de la lucha social, que deja como saldo centenares de
dirigentes y activistas sociales enjuiciados y encarcelados, Gobiernos
Autónomos Descentralizados Alternativos y Autoridades electas perseguidos. Y
declaramos que no retrocederemos, que mantendremos enhiestas nuestras banderas.
Exigimos al gobierno nacional que deje en libertad a la justicia y permita que
el Estado aministíe y libere a nuestros compañeros y compañeras detenidas y
encausadas, y que reincorpore a los miles de trabajadores despedidos
injustamente.
Demandamos
la aprobación de las leyes que hacen falta para materializar los derechos
contemplados en nuestra Constitución, entre ellas una ley de Tierras que
permita una redistribución democrática y para quienes las trabajan. Ello
significa una verdadera revolución agraria, que respete las tierras de las
nacionalidades y pueblos, que redistribuya los medios de producción afectando a
las grandes propiedades.
Rechazamos
la imposición de un modelo económico extractivista y que representa los
intereses de las transnacionales, nos oponemos a la actividad minera a gran
escala y a cielo abierto, que trae consigo muerte y destrucción para la
naturaleza y los pueblos, y profundización de las inequidades sociales.
Repudiamos la entrega de nuestros recursos petroleros a las transnacionales.
Nos oponemos firmemente a la privatización de nuestros ecosistemas, de los
manglares y de las playas.
Repudiamos
la pretendida firma del Convenio de la CONVEMAR, por considerar que es lesivo a
nuestra soberanía, porque nos quitaría las 200 millas de mar territorial.
Rechazamos la firma de un TLC con la Unión Europea, que mantiene los esquemas
de dominación económica neocolonial.
Expresamos
nuestra solidaridad y respaldo a los compañeros: César Umajinga, prefecto de
Cotopaxi, destituido autoritariamente por parte del régimen; al asambleísta
Klever Jiménez y su equipo, perseguidos por su actitud firme de denuncia de la
corrupción gubernamental; a los compañeros Hernán Yánez, rector de la
Universidad Técnica de Cotopaxi, Paúl Jácome, asambleísta alterno, Javier
Cajilema, concejal de Latacunga y director provincial del MPD de Cotopaxi,
Edwin Lasluisa, dirigente de la FEUE de esa provincia y a los demás compañeros
dirigentes sociales perseguidos por el gobierno en esa localidad.
Nos
solidarizamos y expresamos nuestro respaldo a la Universidad Andina Simón
Bolivar, atacada por el gobierno por su actitud de defensa de los derechos
humanos, y con los 10 compañeros detenidos en Luluncoto, acusados
injustamente de terrorismo, con el dirigente universitario Marcelo Rivera,
primer preso político del régimen, así como a todos y todas los y las
luchadores sociales que enfrentan procesos legales y la cárcel por defender los
derechos de los trabajadores y pueblos.
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