GALÁPAGOS, OTRA PROVINCIA QUE ES VÍCTIMA DEL CORREÍSMO

La problemática de Galápagos lastimosamente no es nueva, es una consecuencia de la forma desacertada de administrar este gran patrimonio natural de la humanidad, declarado así por la UNESCO desde 1979, por parte del Estado administrado por el Régimen correísta; si hacemos memoria podemos encontrar ciertas pretensiones por tratar de manejar estas islas a su antojo con el objeto de favorecer los intereses de la gran empresa turística que está asentada en el sector, una de las primeras fue la imposición de un texto en la redacción de la nueva Carta Constitucional de Montecristi, en donde se le arrebató a los pobladores de las islas la posibilidad de elegir democráticamente a sus autoridades provinciales, mismas que a pretexto de ser un Régimen Especial, ahora son designadas desde el Gobierno.

Posteriormente, podemos encontrar la afectación a un sector importante de la sociedad galapagueña como son las maestras y maestros, a quienes se les eliminó la bonificación especial a la que tenían derecho.

Otro de los aspectos que afectan al archipiélago, es sin duda la decisión gubernamental de firmar el Acuerdo de la CONVEMAR, con el cual no solamente perderíamos la soberanía de más de un millón de Km2 de territorio marítimo, espacio aéreo y proyección geoestacionaria, que en su mayor parte rodean a estas islas, sino que además, algo que no señalan los patrocinadores de este Convenio impulsado por los EE.UU. y la ONU, es que el país que suscriba la CONVEMAR cederá la soberanía en aquellas islas e islotes que no tienen habitad humano, con lo cual irremediablemente perderíamos dos importantes islas como Wolf y Darwin que pasarían a ser parte del “patrimonio mundial”.

A esto hay que sumarle el atentado criminal del que silenciosamente es víctima la población insular desde finales del mes de diciembre del año anterior, cuando dejaron de ingresar a Galápagos 3 de los 7 barcos de carga que abastecían al archipiélago, producto de la petición de una certificación de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación Marítima “IACS”, por sus siglas en inglés, misma que fue exigida por el Consejo Nacional de la Marina Mercante, mediante Resolución No. 016/11 del 24 de marzo del 2011, lo cual ha ocasionado que los barcos que no ingresan normalmente a la jurisdicción insular abandonen los productos a su suerte en el muelle CARAGUAY del Puerto de Guayaquil administrado por la empresa STORE-OCEAN S.A. hasta que puedan ser traídos por aquellas embarcaciones que cuenten con el mencionado permiso, generando un grave desabastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad en las islas y pérdidas a los comerciantes, ya que la mayoría de estos productos están pereciendo.

Según datos de prensa cerca de 2 mil toneladas de víveres están represados en el Puerto de Guayaquil, lo cual constituye una franca violación al Art. 13 de la Constitución, que se refiere al derecho de las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, motivo por el cual el Asambleísta Jorge Escala del MPD, solicitó que como Moción Previa al tratamiento de un Proyecto de Resolución que buscaba exhortar al Presidente de la República la solución urgente a este problema, el Pleno de la Asamblea Nacional exigiera a la Ministra de Transporte y Obras Públicas la destitución inmediata del Vice-ministro de esa cartera de estado, el Ing. David Mejía, quien preside el Consejo Nacional de la Marina Mercante por su actitud indolente con los pobladores de Galápagos, debido a que, a pesar de las constantes peticiones de que se brinde una ampliación al plazo para el cumplimiento de estos requisitos a aquellas embarcaciones que no pueden zarpar desde el puerto principal hacia el archipiélago y de que inclusive, el Ab. Clemente Vera Salvatierra Juez encargado del Juzgado Primero de Garantías Penales, estableciera medidas cautelares para dejar sin efecto las Resoluciones del Consejo Nacional de la Marina Mercante, que en la práctica imposibilitan el normal desabastecimiento de productos hacia las islas, este funcionario hiciera caso omiso de estas peticiones.

Para Escala, este tipo de medidas, podrían estar escondiendo una crimimal negociación que juega con la salud de las y los galapagueños, debido a que, de acuerdo a testimonios de trabajadores del muelle CARAGUAY de Guayaquil, a más de que solo se está utilizando 3 de las 7 embarcaciones de transporte de carga hacia Galápagos, se privilegia la transportación de productos relacionados con la construcción, en lugar de víveres, lo que ocasiona la escacés de alimentos en las islas y el desmesurado incremento de precios. La solución a esta problemática debe ser estructural, pues mientras no se cuente con una flota de embarcaciones lo suficientemente capaces de abastecer a las islas que cuenten con las certificaciones IACS, no podían entrar en ejecución este tipo de mediadas, además el Gobierno debe brindar facilidades para que los dueños de las embarcaciones como Angelina I, Virgen de Montserrate y Marina 91 que cuentan con una certificación menos estricta como la IBS tengan la posibilidad de adquirir un crédito en la CFN y puedan adecuar sus naves o en su defecto comprar otras, nada de esto ha hecho el Vice-ministro de Transporte, y en su defecto, a lo único que se ha dedicado es a minimizar el problema y a reunir a representantes de organismos ambientalistas para que respalden esta terca medida, por lo que debe desde el Bloque del MPD exigimos su inmediata dimisión al cargo debido a su indolencia y negligencia demostrada, aseveró el legislador.

El Asambleísta además informó que en su proyecto de Resolución de Moción Previa, también se exhortaba al Gobierno nacional a restituir el subsidio al precio de los combustibles de transportación aérea para los viajes que se realicen desde y hacia la Provincia de Galápagos, debido a que no solo afecta a la movilización de las personas sino al precio de envío de las encomiendas y medicinas, pero cuando la Asamblea Nacional se disponía a tratar esta y otras problemáticas este día jueves 02 de febrero, el Bloque oficialista, incluido el Asambleísta Angel Vilema, abandonaron la sesión imposibilitando su desarrollo por falta de quorum.

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