Luego de 4 días de audiencia a puerta cerrada el Tribunal de Garantìas Penales de Cotopaxi presidido por Luis Balarezo, sentenció a 1 años de prisión a Xavier Cajilema (concejal y director del MPD), Paúl Jácome (asambleísta alterno), Richard Artieda (militante del MPD), Hernán Yánez (rector de la UTC) y Edwin Lasluisa (Secretario nacional de la FEUE) determinándolos como "autores del hecho", mientras que Silvia Bravo (docente de la UTC) y Carlos Albán fueron sentenciados a seis meses en condición de "cómplices y encubridores" Leonardo Segovia fue declarado Inocente.
En esta audiencia que inició el pasado día miércoles 11 de abril, varios funcionarios de la fiscalía General del Estado y del Ministerio Público, estuvieron presentes en las audiencias, donde mantuvieron reuniones con el fiscal Raúl Araque que lleva este caso e inclusive Augusto Semanate Fiscal provincial de Cotopaxi, permaneció asesorando a Araque, hasta que se determinó la sentencia.
Pese a la contradicción de varios de los testigos de la fiscalía e inclusive declaraciones como la del Coronel Edmundo Moncayo, quien dijo que el 30 S, únicamente hubo una marcha de varias organizaciones populares y que no existió ningún disturbio, y contradicciones de los peritos este caso fue sentenciado en una deliberación de aproximadamente 30 minutos.
Al respecto el abogado defensor Ramiro Román informó que esperará que la notificación de los jueces sea motivada pues "caso contrario se estaría violando los derechos humanos" dijo, además que la figura de juzgamiento es un caso de juicio civil y no penal, "pero como tenemos la razón continuaremos apelando e incluso llegaremos a instancias internacionales para demostrar que este caso carece de legitimidad, se ha violado la dogmática, las leyes y la constitución" indicó.
Este caso inició con una figura legal de Terrorismo, luego se les acusó por la toma de la gobernación de Cotopaxi, luego por intento de desestabilización del Estado y finalmente se los sentenció por Invaciòn a una Instituciòn Pública, Xavier Cajilema insistió que el gobierno busca chivos espiatorios en el caso 30S, " no puede considerarse un delito del del MPD, el gobierno quiere justificar la mentira del golpe de estado, encarcelando a dirigentes populares" "no vamos a renunciar a la lucha por los derechos de los trabajadores" finalizó
Hernán Yánez rector de la UTC (Universidad Técnica de Cotopaxi) se refirió a esta sentencia como un caso de persecución política "la intención del gobierno es encarcelar al rector de la UTC para intervenir la universidad" dijo. A decir de Yánez "la justicia demostró que está en manos del gobierno y ya no hay confianza en los jueces".
Durante una semana los alrededores de la Corte Provincial de Justicia, permaneció cercada por vallas y custodiada por miembros de la policía nacional, lo que causó molestias e incomodidad a transeúntes, detrás de las vallas estudiantes, familiares y simpatizantes de los encausados permanecieron en todo este proceso, luego de conocida la sentencia los manifestantes echaron abajo las vallas y rompieron el cerco de seguridad para apostarse en la puerta de la Corte Provincial de Justicia donde con consignas como "abajo la justicia secuestrada", "fuera jueces correistas corruptos" exigían la presencia de los jueces, quienes tuvieron que salir a escondidas por la puerta trasera.
Luego encabezaron una marcha que finalizó en la gobernación de Cotopaxi, en este lugar comprometieron a continuar vigilantes de este proceso.
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